Los actores inmersos en el conflicto
Empresas mineras
Las
mineras tienen como objetivo primigenio implementar el proyecto y generar
ganancias. Ellas, esperan tener las reglas claras que garanticen que su
inversión sea segura. Si mantienen actividades de responsabilidad social suelen
estar orientadas a minimizar el descontento de la población local, más que al
desarrollo real o genuino de la misma población. Están consientes de que
desarrollar un nuevo proyceto minero traerá protestas, y que necesitan una
“licencia social” que disminuya las
tensiones entre la empresa y la comunidad, para disminuir la probabilidad de
una protesta. Aunque, si llega a producirse, se ven en necesidad de “aquietarla”
y, para esto, intentan controlar la situación, concertando o elevando campañas
para crear una opinión pública que les sea favorable a su posición. En
conclusión, suelen buscar controlar las situaciones locales de forma voluntaria
y libremente determinada, como los mínimos marcos legales regulatorios.
Las
comunidades locales se perciben involucradas en conflictos mineros cuando estos
llegan de “afuera”, que terminan alterando sus vidas. Los casos de conflicto e
pueden catalogar en dos. El primero es cuando ya se implementó el proyecto
minero y, el segundo, cuando se pretende iniciar una nueva operación.
La
comunidades locales suelen manifestar reclamos ante las empresas por el hecho
de que hay un “cambio acumulado sobre la forma de vida anterior a las
operaciones mineras y la sensación de desgobierno sobre el propio destino”
(Tanaka. 2005).
Las
colectividades locales suelen reclamar empleo y obras, pero como las empresas
requieren de personal altamente calificado, esta necesidad no se satisface del
todo; por tanto, los mejores resultados se tienen con obras de infraestructura.
Esta política asumida por las empresas resulta en una suerte de reemplazo del
Estado por agentes privados, aunque la población lo recibe de buena manera,
pues suele ser pobre y con muchas carencias.
Las
relaciones entre las empresas y las colectividades locales se observa con
desconfianza y escasa credibilidad, para con las acciones y promesas entre
ambos.
Las
colectividades locales se ven atadas, además, por una posición de debilidad
económica, técnica-legal e incluso cultural.
El Estado
El Estado muestra “un marcado contraste entre
sus funciones reconocidas en la Constitución y los reclamos de las comunidades
locales frente a su comportamiento en el desarrollo de los conflictos” (Tanaka.
2005). La preocupación del Estado se
proyecta en dos puntos:; 1. Mantener el orden público y 2. Evitar que las
protestas desalienten la inversión minera. Lo que pretende, en el fondo es que
la población acepte y se conforme, pero esta poco dispuesto al diálogo y que
este determine que el proyecto minero no se lleve a cabo. Esto refleja un
Estado “más inclinado hacia la promoción de la inversión que a la regulación y
redistribución efectiva".