Los actores inmersos en el conflicto

Empresas mineras

Las mineras tienen como objetivo primigenio implementar el proyecto y generar ganancias. Ellas, esperan tener las reglas claras que garanticen que su inversión sea segura. Si mantienen actividades de responsabilidad social suelen estar orientadas a minimizar el descontento de la población local, más que al desarrollo real o genuino de la misma población. Están consientes de que desarrollar un nuevo proyceto minero traerá protestas, y que necesitan una “licencia social”  que disminuya las tensiones entre la empresa y la comunidad, para disminuir la probabilidad de una protesta. Aunque, si llega a producirse, se ven en necesidad de “aquietarla” y, para esto, intentan controlar la situación, concertando o elevando campañas para crear una opinión pública que les sea favorable a su posición. En conclusión, suelen buscar controlar las situaciones locales de forma voluntaria y libremente determinada, como los mínimos marcos legales regulatorios.

    Comunidades locales

Las comunidades locales se perciben involucradas en conflictos mineros cuando estos llegan de “afuera”, que terminan alterando sus vidas. Los casos de conflicto e pueden catalogar en dos. El primero es cuando ya se implementó el proyecto minero y, el segundo, cuando se pretende iniciar una nueva operación.

La comunidades locales suelen manifestar reclamos ante las empresas por el hecho de que hay un “cambio acumulado sobre la forma de vida anterior a las operaciones mineras y la sensación de desgobierno sobre el propio destino” (Tanaka. 2005).

Las colectividades locales suelen reclamar empleo y obras, pero como las empresas requieren de personal altamente calificado, esta necesidad no se satisface del todo; por tanto, los mejores resultados se tienen con obras de infraestructura. Esta política asumida por las empresas resulta en una suerte de reemplazo del Estado por agentes privados, aunque la población lo recibe de buena manera, pues suele ser pobre y con muchas carencias.

Las relaciones entre las empresas y las colectividades locales se observa con desconfianza y escasa credibilidad, para con las acciones y promesas entre ambos.

Las colectividades locales se ven atadas, además, por una posición de debilidad económica, técnica-legal e incluso cultural.

El Estado

 El Estado muestra “un marcado contraste entre sus funciones reconocidas en la Constitución y los reclamos de las comunidades locales frente a su comportamiento en el desarrollo de los conflictos” (Tanaka. 2005).  La preocupación del Estado se proyecta en dos puntos:; 1. Mantener el orden público y 2. Evitar que las protestas desalienten la inversión minera. Lo que pretende, en el fondo es que la población acepte y se conforme, pero esta poco dispuesto al diálogo y que este determine que el proyecto minero no se lleve a cabo. Esto refleja un Estado “más inclinado hacia la promoción de la inversión que a la regulación y redistribución efectiva".